Los jóvenes universitarios y el servicio social en SLP

“El trabajo, todo lo vence”
Dr. Rodolfo Hernández García
Juez de Distrito especializado en materia de trabajo.

En el mundo del trabajo se solicita a las personas jóvenes universitarias un requisito un tanto contradictorio: Egresar con título y, al mismo tiempo, acreditar experiencia comprobable.

Esto, desde que tengo memoria, es un factor común en los procesos de reclutamiento y ha sido una barrera de acceso al primer empleo formal que por fin está siendo abordada desde el ámbito legislativo en San Luis Potosí.

 

Es una etapa que a cada uno nos ha tocado o nos tocará experimentar: “no me dieron el empleo porque no tengo experiencia”. Así, supe que la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó el dictamen para reformar el artículo 30 de la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

La propuesta establece que el servicio social, las prácticas profesionales y las pasantías sean reconocidas como experiencia laboral equivalente en los procesos de reclutamiento y selección, tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, prevé que la falta de experiencia previa no pueda utilizarse como motivo de exclusión o discriminación para acceder al primer empleo formal.

 

No hay que verlo como una concesión, sino como un acto de congruencia jurídica y laboral que ya nos permita a los jóvenes quitarnos ese estigma de no acceder a un empleo porque no tenemos experiencia.

 

En la actualidad, una persona joven dedica seis meses o un año a una institución pública o a una empresa bajo la figura de prestación de servicio social, prácticas profesionales o como se le denomine. Durante ese periodo cumple horarios, atiende responsabilidades, adquiere, en la medida de lo posible, competencias técnicas y se integra a una dinámica organizacional.

 

Sin embargo, al concluir, ese tiempo un reclutador no lo considera en su trayectoria porque carece de experiencia, a pesar de haber realizado trabajo efectivo. La reforma también reafirma un principio esencial: el derecho de las personas jóvenes a un trabajo digno, justamente remunerado y con seguridad social, acorde a sus aptitudes y vocación.

 

De lo dicho en el párrafo anterior podemos ver que los componentes del trabajo digno son pilares de cualquier relación de trabajo, porque sin garantizar el alta en el IMSS sería insuficiente.

 

Que la justicia social contemple como una realidad garantizar una incorporación laboral con plenos derechos.

 

Es preciso señalar que el dictamen aún no es ley y su votación final será en el Pleno del Congreso. Además, su eficacia dependerá de su reglamentación, de la supervisión correspondiente y de un cambio en los criterios de selección de las áreas de Recursos Humanos, que con frecuencia descartan perfiles por filtros automatizados.

 

No obstante, puede representar un avance significativo para reconocer de manera formal que ese esfuerzo tiene valor laboral. En este proceso, el sector productivo tiene un papel fundamental y todas las personas empleadoras de San Luis Potosí reciben cada año a un número importante de estudiantes de tecnológicos y universidades de la región y conocen de primera mano su desempeño, su disciplina y su capacidad de adaptación.

 

Por ello, se les exhorta a sumarse a este cambio y a considerar el servicio social y las prácticas como parte de la experiencia real de un candidato, a valorar en sus procesos de selección a quienes ya conocen sus procedimientos y su cultura organizacional. También, con la misma importancia, a fortalecer una contratación que desde el primer día contemple afiliación al IMSS y un salario digno.

 

Que se diga que en San Luis Potosí no se permite perder a sus jóvenes por exigirles experiencia para otorgarles su primer empleo y que estos tengan que emigrar a otros Estados. Es un pequeño cambio que puede alterar significativamente la realidad.
Que el servicio social valga es una medida de justicia laboral y de desarrollo económico para el Estado.