La vocación de impartir justicia

22 de marzo de 2026

“El trabajo, todo lo vence”
Dr. Rodolfo Hernández García
Juez de distrito especializado en materia de trabajo.

¿Cuáles son los motivos o razones para ejercer el derecho?, pregunta simple para examinar a quienes buscan en la abogacía un modo de vida profesional. Considero que los tiempos contemporáneos brindan una mayor accesibilidad en comparación que hace veinte años o más, y para ejemplo véanse el número de cédulas profesionales.

La etapa universitaria marca la adquisición de conocimientos y rectificación de sesgos o prejuicios, siendo un factor relevante la guia de algunos de nuestros profesores, quienes, con su experiencia, esfuerzos, anécdotas, nos enseñan ética, moral, sensibilidad, humanismo, influyendo en nuestra formación. Si sabemos escucharlos, no hay duda de que en cada momento de nuestro ejercicio los vamos a escuchar como un susurro anónimo en nuestra conciencia, y lo racionalizamos como parte de la memoria como referente en cada decisión.

Y luego viene esa interrogante, ¿El abogado elige su especialidad o viceversa?, cuestión que se puede responder según los intereses de cada persona, pueden y deben pasar varios años y se no se abandona su ejercicio, podremos responder que no nos equivocamos, de lo contrario desistiremos prontamente.
Por esta ocasión, sobre la postulancia no opinaré porque al respecto mi experiencia en el tema es muy específica.

Pero, si elegimos trabajar en la impartición de justicia, ello implica abrazar el compromiso y la vocación que se sostiene en la imparcialidad y en el respeto a la dignidad de las personas.
El juzgador entendido como el conjunto de personas que laboran en un Tribunal, no actúan como meros aplicadores de normas; su función exige escuchar con atención los hechos de la demanda, y sus pretensiones, valorar pruebas y decidir con justicia, consciente de que cada sentencia toca vidas concretas.

Esa tarea requiere paciencia —el proceso no siempre se ajusta a la urgencia de las partes—, temple frente a presiones externas y la convicción de que el derecho existe para dar certeza, no para convalidar estrategias erróneas o abusos de las partes.

La independencia judicial, en ese sentido, no debe entenderse como un privilegio personal, sino como una responsabilidad diaria: un deber frente a la sociedad de garantizar que la balanza se incline por razones jurídicas, no por simpatías o rechazos.

Hoy, cuando la confianza ciudadana en las instituciones se pone a prueba de manera constante, recordar esa vocación cobra especial relevancia. La legitimidad de los tribunales no se construye solo con sentencias firmes, sino con la percepción de que quienes las dictan actúan con rectitud, sin atajos ni concesiones. Es precisamente esa exigencia ética —más que el conocimiento técnico— la que distingue un cargo judicial del ejercicio de cualquier otra profesión.

Quienes eligen este camino aceptan, en suma, un compromiso permanente: hacer del derecho un instrumento de certeza y equidad, aun cuando ello suponga remar contra inercias o resistencias. Porque, al final, la justicia no descansa en la norma escrita, sino en la integridad de quienes la imparten.